COVID-19 no es sólo una emergencia de salud: es una dura evidencia de la pobreza e inequidad

COVID-19 no es sólo una emergencia de salud: es una dura evidencia de la pobreza e inequidad

abril 2, 2020 Desactivado Por zoom latino

Por: Daniela Rambal Pinero | Communications Specialist |

En la medida en que van pasando los días, adquirimos nuevos elementos para evaluar el avance del COVID-19 y el impacto que tendrá en nuestras sociedades. En América Latina, la pobreza, la desigualdad y el desplazamiento impactarán de manera diferenciada en las personas más vulnerables, incluyendo a quienes viven en situación de calle. El acceso a información sobre las medidas de salud y a agua potable no están disponibles para todas las personas, y ambos elementos son vitales para prevenir el contagio del virus.  La intersección de las la crisis de salud con lo económico, ofrece una oportunidad para construir formas más justas, equitativas y sustentables de vida a través de políticas públicas que prioricen a las personas y no a los intereses corporativos.

Un impacto importante del aislamiento físico es la cesación de actividades educativas, que no sólo impactan en el rendimiento escolar sino también en la alimentación. En América Latina la escuela no sólo provee educación, sino también alimentación y un lugar seguro. Otro riesgo a considerar es el afrontan las mujeres que viven violencia.

Las personas que también están siendo duramente impactadas son las que trabajan en el sector informal o no reciben un salario si no trabajan. Para ellas las medidas de aislamiento son una condena a perder el ingreso y a no tener recursos para sobrevivir. Eso explica que personas migrantes en Centroamérica estén buscando regresar a su país de origen, buscando en su familia y su comunidad el sustento diario. La otra emergencia igualmente importante es la del desempleo, la pobreza y el hambre en contextos de pandemia. Este es un momento para la solidaridad, en el que debemos asumir el impacto económico de manera equitativa, atendiendo prioritariamente a los sectores excluidos de las políticas de seguridad social.

Las medidas que adoptan los Estados para contener la pandemia conllevan riesgos importantes en materia de derechos, como lo indicó Human Rights Watch. Para las personas privadas de libertad, el riesgo de contagio es muy alto. Las condiciones de confinamiento y hacinamiento representan un riesgo importante, que debe minimizarse. A la par con la consideración de medidas para indultar y poner en libertad a personas privadas de libertad, por motivos penales, deben ponerse en libertad a las personas detenidas por razones migratorias. Pese al cierre de fronteras, a Centroamérica y México continúan llegando personas deportadas por vía área y terrestre, y algunas de ellas han resultado positivas al COVID-19. Resulta inexplicable que las deportaciones continúen, poniendo en riesgo a toda la población deportada, a las autoridades que las reciben y a las familias que los acogen. Las deportaciones deben detenerse. A la par, el cierre de fronteras está incluyendo la suspensión del asilo y la devolución de solicitantes de asilo, una violación flagrante de derechos humanos y del derecho internacional de los refugiados.

Países del Norte de Centroamérica se endeudan para enfrentar crisis económica

Como una de las consecuencias de las cuarentenas o toques de queda como medidas para evitar propagación del COVID-19 en el norte de Centroamérica, la economía de las familias más pobres ya está siendo golpeada. Guatemala, Honduras y El Salvador tienen altos índices de pobreza y en los que existe un alto índice de empleo informal.

En Guatemala, el presidente Alejandro Giammattei indicó que destinarán 200 millones de quetzales (25 millones de dólares aproximadamente) del Fondo de Emergencia para otorgar una ayuda de 1 mil quetzales (130 dólares) a 200 mil familias. Además, pidió 11 mil millones de quetzales en préstamos como apoyo económico para personas afectadas. Este es un endeudamiento adicional a los 7 mil millones (aprox. US 910 millones) para el plan de reactivación económica, solicitado al Congreso. Giammattei dijo que se gestionó una donación que permitiría la obtención de dos mil cajas de alimentos a distribuir comida a áreas en crisis alimentaria. Guatemala es uno de los países con altos índices de desnutrición y la pandemia ha complicado aún más el acceso a alimentos básicos.

En Honduras, el presidente Juan Orlando Hernández ha anunciado que para hacer frente a la crisis económica se congelará por tres meses las cuotas de los financiamientos, sin afectar el historial crediticio de las personas o empresas, medida que representa un impacto de 500 millones de lempiras (US 20.2 millones) para el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda. Otra de las medidas consiste en garantizar el abastecimiento de alimentos con el plan “Honduras Solidaria”, con alta participación del Ejército y Policía Nacional para su realización. El inicio de este plan se ha visto marcado por el abuso de autoridad de dichas instituciones.

En El Salvador, el presidente Nayib Bukele anunció el Plan de Respuesta y Alivio Económico, con el aval legislativo para que el gobierno se endeude por US 2 mil millones para paliar la crisis del COVID-19, sin que el Ejecutivo precisara cómo gastarán todos los fondos. El plan incluye la entrega de US 300 de subsidio a 1.5 millones de personas que integran familias pobres. La poca información sobre su implementación motivó aglomeración de personas que acudieron a oficinas gubernamentales para indagar si eran beneficiarios, rompiendo la cuarentena el lunes 30 de marzo.

México: familias sin apoyo económico gubernamental

El gobierno de México no ha anunciado medidas de estímulo fiscal para apoyar a las familias afectadas por la crisis del COVID-19, mientras que el sector empresarial pide al gobierno que tome medidas urgentes para evitar la disminución drástica de la inversión, apoyar a las micro y pequeñas empresas y preservar el empleo de millones de mexicanos. En México el desempleo se ubica en su mayor nivel desde el 2016, en un país donde millones de personas no tienen condiciones de salubridad pública y donde 34 millones viven en condiciones de hacinamiento. La crisis del COVID-19 llega en el peor momento de la economía, por lo que desde sociedad civil ya se hacen propuestas.

 

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