El fin de la emergencia de salud pública por covid
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A partir del 11 de mayo, la administración Biden pondrá fin a la emergencia de salud pública por la pandemia del coronavirus. Esta declaración de emergencia le dio al gobierno federal flexibilidad para renunciar o modificar ciertas reglas en los programas de Medicare y Medicaid, así como en el seguro de salud privado para ayudar a la nación a combatir la peor crisis de salud pública en un siglo y ayudar a algunos pacientes a recibir atención en un momento de crisis. apagones El mayor impacto para los consumidores será el fin de las pruebas gratuitas de coronavirus, tanto las pruebas en el hogar como las realizadas por médicos y analizadas por laboratorios comerciales. Para aquellos con Medicaid, las pruebas en el hogar estarán cubiertas sin costo hasta septiembre de 2024. Después de esa fecha, la cobertura de las pruebas en el hogar variará según el estado.
Aunque las pruebas de coronavirus ordenadas o administradas por un profesional de la salud y analizadas por laboratorios seguirán estando cubiertas para la mayoría de los asegurados, es posible que estas pruebas ya no sean gratuitas. Para las personas con Medicare tradicional, no habrá costo por la prueba en sí, pero podría haber un costo compartido por la visita al médico asociado. Las vacunas seguirán siendo gratuitas para las personas con y sin seguro. Los proveedores de vacunas compradas a nivel federal no pueden cobrar a los pacientes ni negar vacunas según el estado del seguro del beneficiario.
El final de la emergencia de salud pública no afectará los productos, incluidas las vacunas, los tratamientos y las pruebas contra el coronavirus, que hayan sido aprobados bajo las autorizaciones de uso de emergencia de la Administración de Alimentos y Medicamentos. Los beneficiarios de Medicare no enfrentarán requisitos de costos compartidos para ciertos tratamientos farmacéuticos covid, como el antiviral Paxlovid, después del 11 de mayo, siempre que el gobierno federal haya comprado esas dosis. Después de eso, los estados pueden imponer límites de utilización y costos compartidos nominales.
