Propuesta de proyecto de ley migratoria bipartidista
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Washington, DC.- Un dúo bipartidista en la Cámara de Representantes ha presentado un nuevo proyecto de ley que ofrece una vía hacia la ciudadanía para los migrantes indocumentados en el país. A diferencia de la propuesta republicana anterior, este proyecto también se centra en invertir en seguridad fronteriza.
Las representantes María Elvira Salazar (Republicana por Florida) y Veronica Escobar (Demócrata por Texas) lideran este esfuerzo conjunto que busca un enfoque más pragmático y con mayores posibilidades de éxito. Su proyecto de ley, conocido como «The Dignity Act» (La Ley de la Dignidad), propone un impuesto del 1.5% para los trabajadores indocumentados, denominado «impuesto de dignidad», que se destinará tanto a la seguridad fronteriza como a la capacitación laboral de los ciudadanos estadounidenses.
La legislación establece un estatus de «dignidad» para aquellos migrantes que ya se encuentran en Estados Unidos sin antecedentes penales. Esto les permitiría trabajar en cualquier lugar y viajar libremente al extranjero. Durante un período de siete años, deberán pagar una tarifa anual de $700, totalizando casi $5,000, mientras se encuentren en este estatus. Además, sus impuestos sobre la nómina se reducirán del 7% al 1.5%, ya que no se les cobrará por contribuir a programas gubernamentales para los que no son elegibles. Salazar subraya que aquellos en el estatus de «dignidad» deberán ser responsables de pagar su propio cuidado de salud.
Los ingresos recaudados a través de las tarifas del estatus de «dignidad» se destinarán a financiar la seguridad fronteriza, mientras que el impuesto del 1.5% se utilizará para la capacitación laboral de los trabajadores estadounidenses.
A pesar de las críticas que pueda recibir dentro de su propio partido, Salazar defiende su propuesta y aborda preocupaciones comunes sobre restricciones migratorias. Destaca especialmente el programa de capacitación laboral, señalando que los trabajadores indocumentados no están «robando» empleos a los estadounidenses, sino que el programa de capacitación abrirá nuevas oportunidades laborales para todos.
El camino hacia la ciudadanía bajo este proyecto de ley requeriría un proceso adicional de cinco años y un pago adicional de $5,000. Sin embargo, el otorgamiento de la ciudadanía estaría condicionado a que la Oficina de Responsabilidad del Gobierno determine que la frontera ha permanecido segura durante un año.
El proyecto también incluye disposiciones para aquellos que buscan asilo en la frontera, estableciendo campus humanitarios donde los migrantes serán alojados mientras esperan una determinación en sus casos. El proyecto exige que esta determinación se realice en un plazo de 60 días, en contraste con los largos procesos actuales en las cortes de inmigración.
Aunque el proyecto de ley enfrenta un camino incierto en la Cámara de Representantes, se presenta como una alternativa más inclusiva y con mayores posibilidades de aprobación que el proyecto republicano anterior, que no recibió votos demócratas
.Salazar y Escobar recalcan que el proyecto no es perfecto y están abiertas a escuchar nuevas ideas y opiniones para mejorar la propuesta. Destacan que, aunque no sea perfecta, es importante hacer lo correcto en lugar de esperar una solución perfecta.
Este nuevo enfoque bipartidista muestra un intento de abordar de manera más realista y efectiva la compleja situación migratoria en Estados Unidos, reconociendo tanto las necesidades de seguridad fronteriza como la importancia de tratar con dignidad a los migrantes indocumentados.
