Cierre de gobierno en EE. UU. rompe récord histórico: impacto y alcances para la comunidad latina e inmigrante

WASHINGTON — El gobierno federal de Estados Unidos entró en su día 36 de cierre parcial, convirtiéndose en el más largo registrado hasta la fecha y afectando a millones de personas en todo el país.

El cierre comenzó después de que la Casa Blanca del presidente Donald Trump y el Congreso no lograran un acuerdo sobre legislación de gasto, en particular sobre la renovación de subsidios de salud de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), que están por expirar a finales de año.

Mientras las negociaciones se mantienen estancadas, las consecuencias se extienden desde los aeropuertos hasta los programas de asistencia alimentaria, con efectos directos en familias de bajos ingresos, entre ellas millones de hogares latinos.

Razones del cierre y escenario político

De acuerdo con la cobertura de la agencia AP y medios nacionales, el cierre se originó por un estancamiento en el Senado y la Cámara de Representantes sobre cómo financiar el gobierno para el nuevo año fiscal y si se deben extender o no los subsidios ampliados para seguros médicos creados durante la pandemia.

• El presidente Trump ha rechazado negociar con los demócratas mientras no haya un acuerdo más amplio sobre las primas de los seguros de salud.

• Liderazgos republicanos en la Cámara enviaron a sus miembros a casa tras aprobar su propia versión de proyecto de gasto, sin un calendario claro para nuevas negociaciones.

Mientras tanto, un grupo de senadores de ambos partidos intenta construir un acuerdo que permita reabrir el gobierno y, en paralelo, abordar la disputa sobre salud.

Qué está cerrado y qué sigue funcionando

En un cierre como el actual, la ley obliga a suspender toda actividad considerada “no esencial”:

• Cientos de miles de empleados federales han sido enviados a sus casas sin sueldo (furlough), mientras que otro grupo trabaja sin recibir pago hasta nuevo aviso.

• Museos, parques nacionales y diversas oficinas administrativas han reducido o detenido operaciones.

• La publicación de algunos datos económicos y actividades de agencias reguladoras también se ha visto interrumpida.

En contraste, ciertos servicios continúan activos:

• Pagos de Seguro Social, Medicare y Medicaid siguen emitiéndose.

• Personal militar, controladores aéreos y agentes de seguridad en aeropuertos continúan trabajando, aunque muchos lo hacen sin recibir su salario mientras dure el cierre.

El secretario de Transporte advirtió que, si el cierre continúa y el personal de aviación deja de recibir más cheques, podría producirse “caos en los cielos” por falta de personal y retrasos prolongados.

Programas de alimentos: SNAP y WIC bajo presión

Uno de los efectos más sensibles del cierre se observa en los programas de asistencia alimentaria:

• El programa SNAP (antes conocido como cupones de alimentos), que atiende a alrededor de 42 millones de personas, se quedó sin financiamiento regular por primera vez durante el cierre.

• Tras demandas de varios estados, dos jueces federales ordenaron al gobierno utilizar los fondos de contingencia para mantener el programa operativo. La administración Trump anunció que usará 4.650 millones de dólares para financiar solo alrededor del 50% de los beneficios de noviembre, lo que implica pagos parciales y posibles retrasos.

• El programa WIC, que apoya a mujeres embarazadas, bebés y niños pequeños, también recibió fondos de emergencia para continuar en el corto plazo.

Frente a la reducción de recursos federales, algunos estados han tomado medidas propias. En Maryland, el gobernador Wes Moore autorizó 62 millones de dólares en fondos estatales para garantizar el pago completo de los beneficios de SNAP durante noviembre; Virginia anunció un programa temporal propio para complementar los beneficios federales.

Impacto económico general

El cierre también tiene consecuencias macroeconómicas:

• Cada semana sin acuerdo implica miles de millones de dólares en actividad económica perdida, según estimaciones de analistas citadas por medios financieros.

• Negocios que dependen de contratos federales, turismo relacionado con Washington y servicios en torno a edificios gubernamentales están viendo caer sus ingresos de forma significativa.

Aunque una ley aprobada en 2019 garantiza que los empleados federales recibirán pago retroactivo una vez reabierto el gobierno, ello no aplica a contratistas que trabajan por hora en limpieza, seguridad privada o alimentos, muchos de los cuales no tienen garantía de recuperar los salarios perdidos.

Comunidad latina e inmigrante: dónde se sienten más los efectos

El cierre no afecta solo a un grupo étnico, pero sí tiene puntos de impacto específicos para la comunidad latina e inmigrante, particularmente en tres frentes: empleo, asistencia alimentaria y trámites.

1. Trabajadores federales y contratistas

Los latinos representan alrededor del 10% de la fuerza laboral federal, pese a constituir cerca del 19% de la fuerza laboral total en el país, lo que indica una presencia aún subrepresentada en el gobierno central.

Sin embargo, su presencia es notable en:

• Empleos de servicios y mantenimiento en edificios federales.

• Contratos de limpieza, seguridad, transporte y alimentación ligados a agencias gubernamentales.

En el contexto del cierre:

• Empleados federales latinos enfrentan retrasos en el pago de sus salarios.

• Contratistas, muchos de ellos trabajadores inmigrantes con empleos por hora, pueden perder ingresos sin garantía de compensación posterior.

2. Hogares que dependen de SNAP y WIC

Datos recientes muestran que aproximadamente 16% de los participantes de SNAP se identifican como hispanos, lo que significa millones de personas latinas dentro de la población usuaria del programa.

Aunque la mayoría de los beneficiarios de SNAP son ciudadanos estadounidenses, incluyendo personas blancas, negras, latinas y de otros grupos, la reducción a la mitad de los beneficios de noviembre y la incertidumbre sobre los pagos siguientes incrementan el riesgo de inseguridad alimentaria en comunidades ya vulnerables.

3. Trámites y servicios vinculados a inmigración

El cierre no detiene por completo las operaciones de inmigración, pero puede provocar:

• Retrasos en algunas audiencias en cortes de inmigración y en ciertos servicios de apoyo financiados con fondos federales.

• Menor capacidad de organizaciones de asistencia legal que dependen de subvenciones públicas para atender a migrantes y solicitantes de asilo.

Estos retrasos prolongan la incertidumbre jurídica para personas que esperan definiciones sobre su estatus migratorio.

Perspectivas

Por ahora, no existe un calendario claro para el fin del cierre. Senadores de ambos partidos exploran fórmulas que incluyen:

• Votar primero un paquete limitado de proyectos de gasto para reabrir el gobierno.

• Negociar posteriormente un acuerdo sobre los subsidios de salud y otras prioridades de largo plazo.

Mientras continúan las negociaciones en Washington, el cierre mantiene efectos concretos y mensurables sobre la vida diaria de millones de personas, incluyendo trabajadores y familias latinas que dependen tanto de salarios federales como de programas de asistencia alimentaria para cubrir necesidades básicas.