Jueza permite que Kilmar Abrego Garcia siga libre mientras analiza su caso migratorio
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GREENBELT, Maryland — La jueza federal Paula Xinis decidió permitir que Kilmar Abrego Garcia permanezca en libertad mientras continúa evaluando las complejas cuestiones migratorias de su caso, una decisión que refleja su profunda desconfianza hacia la capacidad del gobierno para cumplir con las órdenes del tribunal.
(Judge allows Kilmar Abrego Garcia to remain free while she considers immigration issues.)
Durante una audiencia celebrada este lunes, Xinis cuestionó públicamente si las autoridades federales pueden ser confiables para acatar instrucciones que les prohíben detener o deportar al inmigrante salvadoreño, cuyo caso se ha convertido en un símbolo nacional del conflicto entre el sistema judicial y las políticas migratorias del gobierno.
La jueza recordó que Abrego Garcia ya había sido deportado sin autoridad legal una vez, un error grave que desencadenó protestas, litigios y la intervención de la Corte Suprema. “Estoy más allá de impaciente”, declaró Xinis, criticando lo que consideró repetidas “representaciones falsas” por parte del gobierno.
“¿Por qué debería darles el beneficio de la duda?”, preguntó de manera directa a los abogados federales.
El proceso de Abrego Garcia ha expuesto numerosas fallas en los procedimientos de inmigración. Tras su deportación errónea en marzo, fue encarcelado en El Salvador —donde no tenía vínculos ni protección legal— hasta que la presión judicial obligó a su retorno a Estados Unidos en junio. Sin embargo, al llegar enfrentó una orden de arresto por cargos de presunto tráfico de personas en Tennessee.
El 11 de diciembre, Xinis ordenó su liberación de un centro de detención migratoria al determinar que el gobierno no tenía un plan viable de deportación. Al día siguiente, emitió una orden temporal para evitar que ICE lo volviera a detener de inmediato mientras analiza el fondo del caso.
La audiencia del lunes tenía como fin determinar si esa orden debía mantenerse o eliminarse, pero la falta de claridad del gobierno llevó a la jueza a mantenerla vigente por ahora, permitiendo que Abrego Garcia siga libre mientras ella continúa evaluando los próximos pasos.
Durante meses, las autoridades migratorias han propuesto enviarlo a países como Uganda, Eswatini, Ghana y Liberia, ninguno de los cuales ha aceptado recibirlo. Sin embargo, Costa Rica sí le ofreció estatus de refugiado, y Abrego ha expresado reiteradamente que está dispuesto a ir allí de inmediato.
A pesar de ello, el gobierno ha evitado procesar esta opción y, según la jueza, incluso engañó al tribunal al afirmar que Costa Rica no estaba dispuesta a aceptarlo.
En una opinión reciente, Xinis escribió que la negativa persistente del gobierno a considerar Costa Rica, sumada a los intentos de deportarlo a países africanos sin autorización, demuestra que su detención no tenía el propósito legítimo de una remoción expedita, sino otro objetivo no declarado.
A su llegada al tribunal este lunes, Abrego Garcia, su esposa y su equipo legal fueron recibidos con aplausos, cantos, tambores y un coro organizado por decenas de simpatizantes. Dentro de la sala, estaba acompañado por al menos seis abogados de su defensa frente a un único representante del gobierno.
El abogado Simon Sandoval-Moshenberg afirmó tras la audiencia que la falta de un plan por parte del gobierno sugiere que el objetivo no es resolver el caso, sino castigar a su cliente.
“¿Quién está manteniendo al señor García en Estados Unidos ahora mismo? El propio gobierno federal”, dijo.
Aunque Abrego preferiría quedarse en Maryland con su familia, su equipo legal insiste en que —si no se le permite permanecer en el país— está dispuesto a autodeportarse voluntariamente a Costa Rica, donde ya se le ha ofrecido protección.
Abrego Garcia llegó a Estados Unidos como adolescente y en 2019 obtuvo protección contra la deportación a El Salvador, donde un grupo criminal había amenazado a su familia. Ahora el Departamento de Seguridad Nacional asegura que no puede quedarse y busca enviarlo a un tercer país.
Paralelamente, enfrenta cargos en Tennessee relacionados con presunto tráfico de personas. Su defensa ha pedido sanciones después de que un jefe de la Patrulla Fronteriza hiciera comentarios públicos que podrían afectar su derecho a un juicio imparcial, a pesar de una orden previa que prohibía ese tipo de declaraciones.



