Maryland demanda a ICE por obstrucción: acusa a la agencia federal de esconder evidencia sobre condiciones «inhumanas» en instalación de Baltimore
03/11/2026El fiscal general Anthony Brown presentó el 10 de marzo una demanda federal exigiendo documentos que ICE rechazó entregar, mientras declaraciones de detenidos describen hacinamiento extremo, falta de medicamentos y condiciones sanitarias degradantes en el edificio Fallon de Baltimore
BALTIMORE — El fiscal general de Maryland, Anthony Brown, presentó el martes una demanda federal contra el Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas exigiendo que la agencia entregue los documentos que ha rechazado proporcionar en el marco de una investigación de derechos civiles sobre las condiciones en las celdas de detención migratoria del edificio George H. Fallon, en el centro de Baltimore. La demanda, presentada el 10 de marzo, es la respuesta directa a lo que Brown describió en conferencia de prensa como una negativa sistemática: «La administración nos bloqueó en cada paso. Ha sido un rechazo en blanco a proveer información».
La investigación formal, iniciada en enero de 2026 luego de que videos virales y testimonios de detenidos expusieran las condiciones del lugar, busca determinar si ICE ha operado bajo un patrón de violaciones a los derechos civiles en la instalación. Las llamadas «hold rooms» del edificio Fallon fueron diseñadas para detenciones de corto plazo de no más de 12 horas. Cuentan con un solo inodoro abierto por sala, sin duchas ni personal médico permanente. Pese a esas limitaciones, documentos del propio caso judicial revelaron que personas han sido retenidas allí durante días e incluso semanas.
Los hechos documentados en la demanda son graves. Declaraciones de detenidos describen entre 40 y 50 personas apiñadas en salas de aproximadamente cuatro por cuatro metros y media, obligadas a dormir sentadas sin colchonetas. Un tribunal federal que revisó un caso colectivo determinó el 6 de marzo que los detenidos son «rutinariamente retenidos allí de noche y por más de 12 horas», en condiciones que probablemente violan la Quinta Enmienda de la Constitución. La instalación ha llegado a albergar más de 120 personas en un solo día, más del doble de su capacidad oficial de 56.
Entre los casos citados en la demanda: una persona con leucemia fue privada de su medicamento de quimioterapia durante dos días hasta que un amigo pudo llevarlo al edificio; otra persona que usaba pañal adulto al momento de su detención fue forzada a vivir en sus propias heces durante cinco días sin que la agencia le proveyera artículos de higiene. Un denunciante interno que trabajó en la instalación describió cobijas «cubiertas de heces, piojos, orina y vómito», y señaló que el personal no entregaba productos de higiene femenina a las mujeres detenidas.
El 30 de enero, la oficina del fiscal general emitió una citación administrativa a DHS e ICE solicitando registros sobre las condiciones de las celdas, datos demográficos de los detenidos y los fundamentos legales de las detenciones individuales. El 25 de febrero, ICE rechazó la citación en su totalidad con argumentos genéricos. Ante la negativa, la agencia indicó además que podría tomar hasta el 6 de abril determinar si algún documento podría ser liberado, una respuesta que Brown calificó de inaceptable. «Hemos dado a la administración todas las oportunidades para cumplir con la ley, y han elegido no hacerlo», declaró el funcionario.
Para la comunidad latina del DMV, que representa la mayoría de los detenidos procesados en el edificio Fallon antes de ser trasladados a instalaciones fuera del estado, la demanda del fiscal general representa uno de los pocos intentos institucionales de documentar lo que organizaciones de base llevan meses señalando. La abogada de inmigración Victoria Slatton, quien ha representado a decenas de clientes procesados en esa instalación, dijo que si más personas entendieran la gravedad de las condiciones existiría una reacción pública mayor. «El simple hecho de que haya una investigación es alentador, pero no estaré satisfecha hasta ver cambios tangibles», afirmó.
La demanda avanzará a través del sistema federal. Un juez deberá resolver si ICE y DHS están obligados a cumplir con la citación del estado. Mientras tanto, la oficina del fiscal general habilitó una dirección de correo electrónico para que personas con información sobre las condiciones en instalaciones de detención migratoria en Maryland puedan presentar denuncias: Immigration.Detention@oag.maryland.gov.



