Sin abogado y sin entender nada: así enfrentan la deportación 26,000 niños.
10/15/2026El 31 de julio el gobierno canceló el financiamiento para sus abogados. Desde entonces, niños de hasta 2 años comparecieron ante jueces sin representación. Los casos se aceleran. Sin abogado, menos del 1% obtiene alivio migratorio.
WASHINGTON — Hace 75 días, la administración Trump terminó el contrato federal con el Acacia Center for Justice, la organización que coordinaba una red de casi 100 proveedores de servicios legales para niños migrantes no acompañados en todo el país. El resultado es una crisis que abogados y organizaciones de defensa de la infancia describen como la más grave que han presenciado en sus carreras: más de 26,000 niños enfrentan hoy audiencias de deportación sin representación legal, en cortes que están acelerando los casos a un ritmo sin precedentes.
Lo que está pasando adentro de los tribunales
En Santa Ana, California, una niña de 12 años compareció ante un juez de inmigración a través de una pantalla de computadora, desde un refugio, sin abogado. El juez le informó que el gobierno la había acusado de estar en el país irregularmente, le entregó una lista de organizaciones que podrían ayudarla — la mayoría ya no acepta casos nuevos por falta de financiamiento — y le dio una semana para conseguir representación. Al cerrar la audiencia declaró que en la próxima sesión “el tribunal abordará la deportabilidad, esté presente un abogado o no.”
En Harlingen, Texas, el 11 de agosto, una niña de 7 años compareció sola ante un juez. Sin abogado, sin ningún representante presente. El juez ordenó que abandonara el país en 30 días.
Una niña de 5 años en Indiana, cuya madre fue secuestrada y golpeada frente a ella a punta de pistola por el cartel en México, tuvo su audiencia programada con apenas dos semanas de aviso. No hubo tiempo para preparar evidencia ni para que su abogada — asignada con un día de anticipación — pudiera conocer el caso. El juez negó el pedido de extensión de plazo. Un perito había dictaminado que la niña enfrentaba “riesgo extremadamente alto de secuestro, violencia física severa, violencia sexual y muerte” si regresaba a México. El juez ordenó su deportación de todas formas.
En Chicago, una adolescente víctima de tráfico sexual con una designación oficial del gobierno federal como sobreviviente de trata fue también ordenada deportada, después de que el juez determinó que no había “corroborado suficientemente” su situación — ignorando la propia determinación del gobierno que la reconocía como víctima.
En Miami, los jueces aplican el sistema de audiencias masivas llamado “mega masters”, donde decenas de niños se presentan ante el juez al mismo tiempo. Si un niño no se presenta — aunque no haya recibido aviso del cambio de fecha, algo que los abogados documentan ocurre con frecuencia — el juez puede ordenar su deportación en ausencia. Varios niños han recibido multas de hasta $999 por día por permanecer en el país mientras apelan sus casos. Algunos han tenido crisis de pánico antes de sus audiencias. Uno fue hospitalizado por el impacto emocional de recibir una orden de deportación cuando estaba a semanas de poder solicitar su tarjeta verde.
Los números detrás de la crisis
La aceleración de los casos es documentable en cifras concretas. Según Kids in Need of Defense, organización que representa menores no acompañados en todo el país, en la primera quincena de octubre los niños que atienden recibieron casi seis veces más citaciones a audiencias que en un período comparable a principios de año. En lo que va de 2026 ya acumularon casi tres veces más órdenes de deportación que en todo 2025 y casi diez veces más que en 2024.
Entre los casos documentados en las últimas semanas hay niños de 1, 2 y 3 años que comparecieron ante jueces sin abogado. Una niña autista fue deportada a Guatemala por error y sus representantes gestionan su regreso. Un niño con una visa de Inmigrante Juvenil Especial aprobada — que certifica que fue víctima de abuso o abandono — fue ordenado deportado de todas formas. Y los datos históricos sobre representación legal son contundentes: sin abogado, menos del 1 por ciento de los niños obtiene alivio migratorio. Con representación, las probabilidades son casi 100 veces mayores.
El fondo del problema
El Acacia Center for Justice llevaba cinco años administrando el contrato federal para proveer orientación y representación legal a menores no acompañados. Según la organización, el gobierno dejó de realizar pagos desde diciembre de 2025, reteniendo más de 65 millones de dólares en servicios ya prestados. Las organizaciones de la red siguieron trabajando sin cobrar durante meses porque se negaban a abandonar a sus clientes. Cuando el contrato no fue renovado el 31 de julio, muchas se vieron forzadas a reducir personal drásticamente: Americans for Immigrant Justice perdió el 75 por ciento de su equipo, ProBar un cuarto del suyo.
El gobierno respondió de dos maneras que los defensores de los niños consideran insuficientes e incluso contraproducentes. Primero, otorgó un contrato de 150 millones de dólares sin licitación pública a un estudio de abogados de Texas sin experiencia documentada en inmigración ni en representación de menores. Segundo, anunció que será el propio Departamento de Salud y Servicios Humanos quien provea abogados internos para representar a los niños. El problema central es que esa misma agencia es la que custodia a los niños en refugios federales. “Colocar la representación legal de los niños dentro de la misma agencia que los detiene es un paso sin precedentes que no cumple con los estándares básicos de independencia de la representación legal”, dijo Shaina Aber, directora ejecutiva de Acacia.
La ley federal establece que el gobierno debe garantizar acceso a representación legal para menores no acompañados “en la mayor medida practicable.” Las organizaciones que llevaron el caso a los tribunales argumentan que lo que está ocurriendo es exactamente lo opuesto: un sistema rediseñado para que los niños no puedan acceder a abogados y sean empujados hacia órdenes de deportación que no comprenden y que no pueden impugnar solos.
Para la comunidad del DMV
El área metropolitana de Washington tiene una de las concentraciones más altas de familias latinoamericanas del país, muchas con vínculos directos con menores no acompañados en proceso migratorio. Las organizaciones CASA, Kids in Need of Defense y el Capital Area Immigrants’ Rights Coalition siguen aceptando casos en la medida de su capacidad. Para reportar un menor sin representación o solicitar orientación, Americans for Immigrant Justice tiene disponible la línea 786-454-8554.



