Juez frena liberaciones aceleradas de inmigrantes indocumentados
03/08/2023
Washington, DC.- Un juez federal ordenó el miércoles a la administración de Biden que ponga fin a las liberaciones aceleradas de migrantes que ingresan ilegalmente a Estados Unidos desde México, lo que podría poner a prueba las instalaciones de detención que ya están sobrecargadas.
La orden no entrará en vigencia hasta dentro de una semana para que el gobierno tenga tiempo de apelar. Los departamentos de Seguridad Nacional y Justicia no hicieron comentarios de inmediato.
Al declarar ilegal una herramienta administrativa clave, el juez federal de distrito T. Kent Wetherell II ofreció una revisión mordaz de las políticas fronterizas del presidente Joe Biden en una opinión de 109 páginas, que siguió a un juicio en enero en Pensacola, Florida.
La administración “ha convertido efectivamente la frontera suroeste en una línea sin sentido en la arena y poco más que un obstáculo para los extranjeros que inundan el país”, escribió.
Wetherell, designado por el presidente Donald Trump, criticó la decisión de detener la construcción de un muro fronterizo, poner fin a una política para hacer que los solicitantes de asilo esperen en México sus audiencias en la corte de inmigración de EE. UU. y cambiar las prioridades de aplicación. También criticó a la administración por poner fin a la detención de familias en la frontera, una decisión que los funcionarios han comenzado a reconsiderar.
«En conjunto, estas acciones fueron similares a publicar un letrero parpadeante de ‘Adelante, estamos abiertos’ en la frontera sur», escribió Wetherell.
El lenguaje de Wetherell se hizo eco de los puntos de conversación republicanos que culpaban a Biden de todos los males de la frontera. Si bien las cifras se han disparado en los últimos dos años, desafíos similares persiguieron a sus predecesores, Trump y Barack Obama.
“El fallo de hoy afirma lo que hemos sabido todo el tiempo, el presidente Biden es responsable de la crisis fronteriza y sus políticas de inmigración ilegal hacen que este país sea menos seguro”, dijo Ashley Moody, fiscal general republicana de Florida, quien demandó en nombre del estado en 2021. “Un juez federal ahora le ordena a Biden que cumpla con la ley, y su administración debe comenzar de inmediato a asegurar la frontera para proteger al pueblo estadounidense”.
El problema es el uso cada vez mayor de la libertad condicional por parte de la administración para sacar rápidamente a los migrantes de la custodia de la Patrulla Fronteriza para continuar con sus casos de inmigración. Por lo general, se les dice que se presenten ante las autoridades de inmigración en dos meses y se les rastrea con un dispositivo móvil.
La Patrulla Fronteriza otorgó libertad condicional a 572.575 inmigrantes el año pasado, incluido un récord de 130.563 en diciembre. La libertad condicional se desplomó un 96% a 5225 migrantes en enero después de que la administración anunciara medidas destinadas a disuadir a los cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos de cruzar la frontera ilegalmente y, en cambio, buscar protección solicitando en línea, encontrando un patrocinador financiero y entrando a los EE. UU. en un aeropuerto.
La libertad condicional es mucho más rápida que el trabajo lento de los agentes que emiten avisos para comparecer ante la corte de inmigración. Ha aliviado drásticamente el hacinamiento en las instalaciones de la Patrulla Fronteriza, que rondaba los 12.000 hacia fines del año pasado, pero cayó por debajo de los 5.000 en enero.
Los defensores de la inmigración advirtieron que el fallo de Wetherell podría exacerbar las condiciones.
“Si entra en vigencia, esta decisión significará mayores riesgos para la salud y la seguridad de los migrantes detenidos y una mayor presión sobre nuestros agentes en la frontera”, dijo Jennie Murray, presidenta del Foro Nacional de Inmigración.
