Un nuevo informe documenta torturas psicológicas, separación familiar y negligencia médica en la única cárcel para familias inmigrantes de Estados Unidos

Más de 5,600 personas —incluyendo bebés, niños con cáncer y madres embarazadas— han sido detenidas en el Centro de Detención Dilley de Texas desde abril de 2025; el informe de Human Rights First y RAICES, basado en entrevistas con 35 familias y 15 proveedores de servicios legales, concluye que las violaciones son «generalizadas y sistémicas»

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WASHINGTON — Una niña colombiana de cinco años vio cómo los agentes de ICE arrestaban a su padre afuera de su casa en Los Ángeles. Al día siguiente, ella y su madre fueron detenidas en una cita de registro y trasladadas al Centro de Procesamiento de Dilley, en Texas, donde permanecieron semanas. Su madre le contó a un proveedor de servicios legales que la niña se negaba a comer porque extrañaba a su padre, detenido en un centro diferente. Cuando las liberaron, la pequeña preguntó: «¿Papá también está en casa?»

El padre seguía preso.

Esta historia, y decenas más igualmente devastadoras, conforman el núcleo de un informe publicado el 1 de abril de 2026 por Human Rights First y RAICES, dos organizaciones de defensa de los derechos humanos y la defensa legal de inmigrantes, que documenta en detalle lo que ocurre dentro del único centro de detención familiar activo de Estados Unidos: la cárcel de Dilley, en el sur de Texas, operada por la empresa privada CoreCivic y financiada con fondos federales aprobados por el Congreso el año pasado.

El informe, titulado «Una nueva era de prisiones familiares de ICE», concluye que no existe ninguna forma «respetuosa de los derechos o segura» para que el gobierno federal encarcele familias y niños. Y la evidencia que presenta respalda esa conclusión con una fuerza que es difícil de leer sin detenerse.

Más de 5,600 personas. La mitad, detenida casi dos meses

Desde el 7 de abril de 2025 hasta el 6 de febrero de 2026, más de 5,600 personas —incluyendo padres, hijos, niños pequeños y bebés recién nacidos— fueron encarceladas en Dilley, según el análisis de datos propios del ICE realizado por las organizaciones autoras. La detención mediana entre las familias entrevistadas fue de 56 días, casi dos meses. Algunas familias permanecieron hasta seis meses. El acuerdo legal federal conocido como el Flores Settlement Agreement establece un límite de 20 días de detención para niños. La administración Trump lo ha ignorado de manera sistemática.

La edad mediana de los niños detenidos en los casos documentados por el informe fue de siete años. El menor tenía menos de un año.

El informe es el resultado de 50 entrevistas en profundidad: 35 con familias y 15 con proveedores de servicios legales. Las familias provenían de Colombia, Venezuela, México, Guatemala, Rusia, Cuba, Afganistán, China, Bangladesh, Haití, Irán, Uzbekistán y la República Democrática del Congo, entre otros países.

La elaboración del informe se vio limitada por las restricciones de acceso al centro de detención de Dilley, una instalación de alta seguridad donde organizaciones de derechos humanos no pudieron comunicarse libremente con las familias. A esto se sumaron deportaciones antes de concretar entrevistas y las dificultades de quienes fueron liberados, muchos de los cuales enfrentaban inestabilidad económica y las secuelas emocionales de la detención.

Separación como arma: amenazas, madrugadas y bebés sin leche materna

La separación familiar —el trauma definitorio del primer mandato de Trump— ha regresado. Esta vez no como política declarada, sino como táctica de presión sistemática para que las familias abandonen sus reclamos de protección.

Un oficial de ICE le dijo a una familia rusa que huía de la persecución política: «Si se niegan a ser deportados, los separaremos: tu esposa a una cárcel, tú a otra, y sus hijos irán a un hogar de acogida o a un orfanato. Los pondremos en prisión por diez años.» Una guardia amenazó al hijo de cinco años de una madre colombiana con estas palabras: «Tienes que escuchar a tu mamá, o te voy a llevar y te daré a otra familia, y nunca más verás a tu mamá.» La madre recordó quedarse paralizada de miedo, sin saber a quién reportar el incidente.

Una madre haitiana fue separada de su bebé que aún amamantaba —una niña con alergia a la proteína de leche de vaca que dependía exclusivamente de la leche materna— sin que ICE facilitara el traslado de leche extraída a la bebé. Al momento de la publicación del informe, la niña llevaba más de 100 días sin su madre.

La separación también ocurre dentro de Dilley. Los padres son alojados por género y se les prohíbe el contacto físico con sus hijos e hijos. «Debemos dormir separados y no me está permitido abrazar a mis hijos ni a mi esposa», relató un padre de Uzbekistán detenido al momento de la entrevista. Una adolescente rusa de 14 años describió haber visto a su padre solo tres veces en doce días.

Cuando los hijos cumplen 18 años dentro del centro, son transferidos de madrugada a centros de adultos. Una madre colombiana describe que a las 5 de la mañana del día del cumpleaños de su hijo mayor, los guardias despertaron a la familia y le informaron que el joven sería trasladado inmediatamente. La madre no pudo contactarlo durante 20 días. Al momento de publicación del informe, ella y su hija de 14 años ya habían sido liberadas. Su hijo seguía preso.

A pesar de estas limitaciones, los testimonios recogidos describen un patrón de separación familiar y amenazas de separación utilizadas como mecanismo de presión sobre personas migrantes. Según el informe, estas prácticas obligan a madres y padres a elegir entre continuar sus procesos legales o evitar un mayor impacto sobre sus hijos.

Agua con moho. Carne cruda. Médicos que dicen «aguántense»

Las condiciones físicas en Dilley son igualmente alarmantes. Familias de distintas nacionalidades, entrevistadas de forma independiente, describen de manera consistente el mismo panorama: el agua gratuita disponible en barriles comunitarios huele mal, causa dolores de estómago y en algunos casos tiene moho visible. Una familia colombiana que no podía pagar agua embotellada —que cuesta entre $1.22 y $2.00 por botella— se vio obligada a usarla para preparar fórmula infantil. El bebé desarrolló diarrea durante tres días.

Las líneas del comedor son largas bajo el calor de Texas. Los menús son repetitivos. Hay reportes de carne poco cocida, moscas y objetos extraños en los alimentos. Una adolescente colombiana de 13 años, que ya padecía depresión y tenía sus medicamentos de ansiedad confiscados por el personal, dejó de comer al encontrar un gusano en su comida y luego intentó cortarse la muñeca con un cuchillo de plástico de la cafetería.

El acceso a atención médica es descrito en el informe como «retrasado, negado y perjudicial.» Un niño de ocho años venezolano se quebró el brazo dentro del centro. La doctora del hospital local le dijo que necesitaba ver a un especialista antes de que le pusieran un yeso, pero el personal médico de Dilley nunca gestionó esa cita. El niño fue enviado de vuelta con solo analgésicos. Una niña de seis años con leucemia activa interrumpió sus tratamientos de quimioterapia mientras estuvo detenida. Un niño de cinco años que había sido operado del cerebro el año anterior no recibió el seguimiento neurológico que requería.

El informe también identifica deficiencias en la atención médica, incluyendo falta de diagnósticos adecuados, tratamientos insuficientes y prescripción de medicamentos sin información clara. De acuerdo con los testimonios, estas condiciones han tenido efectos negativos tanto en la salud física como mental de las personas detenidas, en particular de niños.

Cuando la madre de un niño ruso que enfermaba con frecuencia llevó a su hijo al médico, esperó dos horas al sol sin sombra disponible, solo para que le dijeran que el doctor ya se había ido. Al día siguiente, el médico le dijo que le hiciera comer más verduras y frutas. Cuando ella explicó que eso era imposible en el centro, el médico respondió: «aguántense.»

A una mujer embarazada de Camerún, de alto riesgo por su edad, se le ofrecieron medicamentos sin que el personal revisara su historia clínica. Cuando ella preguntó si eran seguros durante el embarazo, la respuesta fue: «¿está embarazada? No, no. Por favor no los tome.» Llevaba semanas detenida y había informado de su embarazo repetidamente.

«Flores ya no existe»: ICE desafía abiertamente el acuerdo legal que protege a los niños

El Flores Settlement Agreement, el acuerdo legal de 1997 que establece condiciones mínimas para la detención de niños migrantes, incluyendo un límite de 20 días, está siendo ignorado o abiertamente desafiado. Una familia rusa reportó que en múltiples ocasiones distintos agentes de ICE les dijeron que «Flores ya no existe.» Cuando la madre pidió documentación que respaldara esa afirmación, el oficial no pudo presentar ninguna y les dijo que consultaran con sus abogados u organizaciones de derechos humanos.

Las organizaciones legales que monitorean el cumplimiento del acuerdo señalaron en documentos judiciales que no encontraron evidencia de que ICE esté revisando los tiempos de detención de los niños. Al mismo tiempo, la administración ha presentado propuestas regulatorias para eliminar formalmente el límite de 20 días y autorizar la detención familiar prolongada o indefinida. El paquete presupuestario aprobado por el Congreso en 2025 incluyó provisiones que destinaron miles de millones de dólares para expandir la capacidad de detención familiar.

El contratista privado CoreCivic, que opera Dilley, reportó más de $2.2 mil millones en ingresos totales en el año fiscal 2025 y se espera que gane aproximadamente $180 millones solo por operar este centro. El costo diario por cama en Dilley es de $481.79. Un programa de gestión de casos comunitario piloteado por DHS entre 2016 y 2017 —que produjo tasas de cumplimiento superiores al 99 por ciento— costaba $36 por familia al día.

El congresista Castro comentó en un webinar de la mano de RAICES el día de hoy que un asesino convicto tiene más derecho a una defensa que un niño de cinco años inocente detenido hoy en Dilley.

El daño psicológico: «quiero ser libre»

El informe dedica un capítulo entero al daño mental causado a los niños. Los estudios citados muestran que los niños solicitantes de asilo experimentan un aumento de diez veces en trastornos psiquiátricos mientras están detenidos. Los testimonios son coherentes y devastadores.

Un niño de siete años ruso que llevaba un mes detenido comenzó a dormir con los ojos abiertos y a tener pesadillas recurrentes. Un psiquiatra diagnosticó estrés postraumático directamente vinculado a la detención. Antes de ser arrestado, el niño disfrutaba jugar, dibujar y construir con bloques. Una adolescente de 15 años describió episodios de pánico en los que los sonidos comunes se volvían insoportables: «cerraba los ojos con fuerza, pero si intentaba abrirlos, solo veía todo borroso.» Un niño pequeño dejó de comer y requirió suplemento PediaSure. Su hermana mayor describió: «lloraba toda la noche, pedía ser libre.»

Una psicóloga de CoreCivic le dijo a una adolescente azerbaiyana que buscaba apoyo por su deterioro mental que su familia debería volver a su país, y que «América está cerrada a los inmigrantes.» Cuando la joven explicó que su familia enfrentaría prisión o muerte si regresaban, la psicóloga respondió que eso «no era lo más peligroso» que podría pasarles. La misma adolescente fue medicada con un antipsicótico para trastorno bipolar y esquizofrenia sin ser informada de lo que estaba tomando. Lo supo después de ser liberada.

Una hora de clase, crayones confiscados

Los niños detenidos en Dilley reciben una hora diaria de instrucción educativa en grupos de edades mixtas, con un maestro de habla hispana, aunque no todos los niños hablan español. Muchas familias describen eso como «no tener escuela en absoluto.» Una madre describió que su hija se negaba a asistir porque «no aprendo nada.» Después de que ProPublica publicó un reportaje con cartas y dibujos de niños describiendo las condiciones de detención, el personal del centro realizó registros de las pertenencias de los niños y confiscó papeles, crayones y cualquier material que pudieran usar para documentar o comunicar su experiencia.

Una madre dijo: «no hay juguetes para los niños. No nos dejaron guardar nada ni nos dieron ningún juguete. Intentamos hacer juguetes de papel maché con papel higiénico, pero los guardias siempre los confiscaban.»

El contexto: 73,000 personas detenidas por ICE cada día, el mayor número en la historia del país

El informe sitúa Dilley dentro de un sistema de detención migratoria que ha alcanzado dimensiones históricas. Un promedio de 73,000 personas se encuentran en custodia de ICE cada día —la mayor población encarcelada en la historia de este organismo. En 2025, 33 personas murieron en custodia de ICE, el año más mortífero desde principios de los 2000. En los primeros dos meses y medio de 2026, al menos 14 personas ya habían fallecido.

DHS recibió más de $150 mil millones del Congreso para la agenda de deportaciones masivas, incluyendo $45 mil millones para la expansión de la detención migratoria durante varios años. Eso representa más del triple del presupuesto anual de detención de ICE del año fiscal 2024.

Los mecanismos independientes de supervisión —la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles y el Defensor del Detenido de Inmigración— fueron desmantelados por la administración Trump. Human Rights First, que había visitado Dilley en iteraciones anteriores como parte de un acuerdo con ICE, solicitó tours del centro luego de su reapertura y fue rechazada en repetidas ocasiones.

El informe concluye con cuatro recomendaciones: cerrar Dilley y cualquier otro centro de detención familiar; detener la separación y las amenazas de separación; implementar alternativas comunitarias no carcelarias para las familias; y aprobar legislación que prohíba la detención de niños y garantice protecciones mínimas de salud y dignidad.

A un día de la publicación del informe, RAICES comunicó que hubo algunos resultados positivos, y que algunos niños fueron liberados, aunque el problema continúa. Además, una carta abierta firmada por decenas de celebridades y figuras públicas exige el cierre inmediato del Centro de Detención de Dilley. Entre quienes se pronunciaron están Madonna, Pedro Pascal, John Legend, Elliot Page, Jane Fonda, Mark Ruffalo, Keke Palmer, America Ferrera, Billy Porter y Cynthia Nixon, entre otros artistas y personalidades, quienes califican las condiciones dentro del centro como inhumanas y piden que se liberen a las familias y se ponga fin a la detención de niños por completo.

En paralelo, la National Coalition to End Family and Child Detention, junto con Amnesty International USA y otras organizaciones, lanzó la campaña Paper Dolls to Free Families, que incluye una petición pública dirigida al Congreso y a las autoridades migratorias. La iniciativa invita a la comunidad a crear muñecas de papel con mensajes de solidaridad y esperanza y a firmar la petición para poner fin a la detención de familias y niños. La petición se puede firmar aquí: Paper Dolls to Free Families.

La petición enfatiza que mantener a familias y menores encarcelados es inhumano y causa daños duraderos, y solicita cortar fondos de detención familiar e implementar alternativas comunitarias para proteger la salud y la dignidad de los niños.

El informe completo está disponible en humanrightsfirst.org. Para asistencia legal relacionada con detención migratoria, puede llamar a la línea de RAICES: la organización provee representación gratuita y tiene presencia en Texas y a nivel federal.