“Poner fin al TPS provocará una migración adicional de familias desesperadas”: CARECEN

Washington, D.C.– El Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN) envió un comunicado manifestando su rechazo ante la decisión del Departamento de Seguridad Nacional de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 50.000 hondureños que viven legalmente en los Estados Unidos, como fue anunciado el viernes pasado.

La organización asegura que una vez la extensión final del programa termine en enero de 2020 aumentará la vulnerabilidad a la deportación, por lo que condena la medida indicando que va en contra de “informes bien documentados de condiciones precarias en el país, que incluyen niveles extremos de violencia e inseguridad, violaciones desenfrenadas de los derechos humanos, pobreza extrema, infraestructura débil y vulnerabilidad a los desastres naturales. La exacerbación de estos desafíos al poner fin al TPS solo socavará los frágiles esfuerzos por brindar estabilidad al país, lo que provocará una migración adicional de familias desesperadas y hará que decenas de miles de mujeres, niños y familias huyan de sus hogares”.

Actualmente países centroamericanos como Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala atraviesan crisis económicas y sociales que cada vez más deja sin empleo y oportunidades a miles de ciudadanos, por lo que para aquellos acogidos por el TPS y que viven, trabajan o estudian en los Estados Unidos bajo condiciones legales no es una opción regresar a sus países de origen.

“La terminación del TPS desestabilizará aún más a los países frágiles, perjudicará los servicios gubernamentales y conducirá al desplazamiento laboral en países sitiados por la violencia, el narcotráfico y la corrupción. Hacemos un llamado al DHS para que reconozca que el gobierno hondureño carece de la capacidad de dar cabida a un influjo masivo de ciudadanos que regresan debido a la violencia del país y las instituciones débiles”, sustenta el comunicado.

Por esta razón, CARECEN pide urgentemente al Congreso que ofrezca una solución que garantice la protección para estas comunidades que han estado en la mira de la administración de Trump, y que de alguna manera impidan que se siga proliferando un ambiente de xenofobia y persecución.

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