El gobierno federal adjudica contrato de $113 millones para construir el centro de detención de ICE en Maryland

El Departamento de Seguridad Nacional avanza a paso acelerado con la conversión de un almacén en Williamsport en una instalación para 1,500 detenidos, mientras el fiscal general de Maryland litiga para detener el proyecto y legisladores exigen una pausa inmediata

WILLIAMSPORT, Maryland — El Departamento de Seguridad Nacional adjudicó este fin de semana un contrato de 113 millones de dólares a la empresa KVG LLC, con sede en Gettysburg, Pensilvania, para iniciar la remodelación de un almacén de 825,000 pies cuadrados en Williamsport, Maryland, que la administración Trump planea convertir en un centro de detención y procesamiento migratorio con capacidad para 1,500 personas. Con una fecha proyectada de terminación de obra para principios de mayo, el proyecto avanza a una velocidad que ha alarmado a legisladores estatales, organizaciones de derechos civiles y comunidades inmigrantes del corredor que une Maryland con el norte de Virginia y el Distrito de Columbia.

El contrato, que contempla opciones para expandirse hasta 642 millones de dólares a lo largo de tres años, eleva el gasto federal acumulado en el proyecto a al menos 215 millones de dólares, incluyendo la compra inicial del edificio. El cronograma acelerado contradice las normas federales de revisión ambiental que, según los críticos, el gobierno ha ignorado sistemáticamente desde que adquirió la propiedad sin consultar a funcionarios del condado ni del estado.

La instalación se ubica en Williamsport, una localidad de apenas 2,000 residentes situada en el cruce de Maryland, Virginia Occidental y Pensilvania, lo que la convierte en un nodo estratégico dentro del plan más amplio del DHS para crear una red nacional de 16 centros de procesamiento masivo capaces de albergar a decenas de miles de inmigrantes en tránsito hacia la deportación. El Departamento de Seguridad Nacional sostiene que las instalaciones cumplirán con los estándares de detención y generarán más de 1,000 empleos durante la construcción y operación.

Sin embargo, la resistencia institucional en Maryland no cede. El fiscal general del estado, Anthony Brown, presentó una demanda judicial el mes pasado alegando que el DHS violó la Ley de Política Ambiental Nacional al comprar la propiedad sin realizar las evaluaciones ambientales requeridas. La demanda señala preocupaciones concretas sobre la calidad del aire, el tráfico, la infraestructura de agua y alcantarillado, y las condiciones de detención para una población que, según los registros obtenidos por la ACLU, en menos del 14 por ciento de los casos tiene antecedentes de delitos violentos.

Tres secretarías del gabinete del gobernador Wes Moore, incluyendo las de Transporte, Medio Ambiente y Recursos Naturales, enviaron una carta conjunta calificando el proceso del DHS de «profundamente deficiente» y señalando que el almacén está ubicado en una llanura de inundación de entre 100 y 500 años, con riesgos para especies acuáticas en peligro de extinción y para la infraestructura de una ciudad que, con 2,000 habitantes, no está diseñada para absorber la demanda de agua y desechos de una instalación de ese tamaño.

Los nueve demócratas de la delegación legislativa de Maryland en el Congreso también enviaron una carta exigiendo la paralización inmediata de los trabajos. La representante April McClain Delaney fue directa en su evaluación: «He recorrido personalmente las instalaciones de detención de ICE en Baltimore y he presenciado de primera mano las condiciones degradantes en que se detiene a las personas. Los habitantes de Maryland no quieren otro almacén de este tipo en nuestras comunidades.»

Para la comunidad latina del DMV, la noticia es especialmente significativa. Un centro con capacidad para 1,500 personas, a menos de dos horas en automóvil de Langley Park, Hyattsville o el corredor de Culmore en Fairfax, representa no solo una amenaza abstracta sino una infraestructura concreta diseñada para acelerar el procesamiento y deportación de personas que en muchos casos han vivido décadas en la región. Organizaciones como CASA han alertado a sus miembros y activado redes de respuesta rápida en los condados de Prince George’s y Montgomery.

El Departamento de Seguridad Nacional no respondió a múltiples solicitudes de comentario sobre el cronograma del proyecto. La única señal de apoyo institucional al interior de Maryland llegó del condado de Washington, donde el consejo de comisionados aprobó una resolución respaldando la iniciativa del DHS, en un gesto que refleja la profunda brecha política entre el oeste rural del estado y la región metropolitana de Washington.